La Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) y la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Fefcam) han elaborado un decálogo de reivindicaciones, en relación con la situación de las farmacias de los municipios con población inferior a los 1.000 habitantes, las cuales, dicen, están viendo su supervivencia «amenazada».
Esto así, según las organizaciones firmantes, porque se están viendo obligadas a ampliar horarios, adelantar el pago de los medicamentos y multiplicar sus visitas a los domicilios «para atender los problemas de salud y ayudar a los ciudadanos ante las restricciones impuestas para controlar la expansión del virus».
Para hacer frente a esta situación, solicitan el «establecimiento de un fondo de compensación que asegure la viabilidad económica de las farmacias rurales que prestan un servicio esencial». Asimismo, reclaman la «racionalización y pago de los servicios de guardia», así como el «establecimiento de servicios profesionales remunerados».
También han pedido «la cesión y/o ayudas municipales para los locales», la «mejora de las telecomunicaciones», la aplicación de «desgravaciones fiscales para combustible y vehículo, imprescindibles en los desplazamientos obligatorios y habituales de los farmacéuticos rurales», o el «acceso a los planes europeos de desarrollo rural».
También han reivindicado «la legalización de la atención farmacéutica domiciliaria», la consideración de la farmacia rural como «establecimiento sanitario esencial» y que se les conceda «la dispensación de medicamentos de ámbito hospitalario que no requieran de monitorización».
